
La Comisión de Investigación Independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha acusado formalmente a Israel de estar cometiendo actos que constituyen genocidio en la Franja de Gaza. Según el informe, publicado recientemente, al menos cuatro de los cinco crímenes contemplados en la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 han sido cumplidos, lo que representa una de las denuncias más graves emitidas por un organismo internacional contra el Estado israelí.
La comisión, compuesta por tres miembros, señala que los crímenes incluyen asesinato, causación de lesiones físicas o psicológicas graves, creación deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción total o parcial de la población palestina y adopción de medidas encaminadas a impedir los nacimientos dentro de ese grupo. El informe denuncia que se está matando a civiles, bloqueando la llegada de ayuda humanitaria, destruyendo sistemáticamente centros de salud y educación, y atacando instituciones religiosas.
Estas acusaciones se refieren a los acontecimientos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista Hamás y otras facciones extremistas lanzaron un ataque terrorista contra Israel, desencadenando la actual ofensiva militar israelí. Israel ha reiterado que sus operaciones están dirigidas exclusivamente contra Hamás y no contra la población civil palestina, acusando a la organización de utilizar a civiles como “escudos humanos” y afirmando que la guerra podría terminar de inmediato si Hamás libera a los 48 rehenes que aún mantiene y entrega las armas.
Sin embargo, la comisión afirma que existe evidencia indirecta y circunstancial de que las autoridades políticas y militares de Israel han actuado con la “intención específica” (dolus specialis) requerida para cometer genocidio. Según el texto, el patrón de comportamiento observado en las decisiones políticas, en los discursos oficiales y en las operaciones militares sugiere que el objetivo no es únicamente derrotar a Hamás, sino infligir un daño irreversible sobre la población palestina de Gaza.
Israel, al igual que lo hizo Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, no reconoce la autoridad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha acusado repetidamente al organismo de mantener un sesgo sistemático en su contra. El Consejo está integrado por 47 Estados miembros elegidos por la Asamblea General de la ONU para mandatos de tres años, y ha sido escenario de múltiples controversias y denuncias cruzadas a lo largo de su historia.
La presidenta de la comisión investigadora, Navi Pillay, de 83 años, es una reconocida jurista que anteriormente se desempeñó como jueza en la Corte Penal Internacional de La Haya y como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pillay, quien ha liderado esta comisión desde su creación en 2021, ha anunciado su renuncia por motivos de salud, la cual se hará efectiva en noviembre, cerrando así una etapa marcada por denuncias de graves violaciones al derecho internacional humanitario en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel.