La tensión en torno a la Conferencia Mundial sobre el Clima en Brasil aumentó de forma visible tras la irrupción de pueblos indígenas y simpatizantes en el fuertemente protegido complejo de la ONU en Belém.

La acción buscaba rendir homenaje y exigir justicia por ecologistas e integrantes de comunidades indígenas asesinados en la Amazonía. Como respuesta, las medidas de seguridad de la COP30 se endurecieron de manera drástica: representantes de 170 organizaciones denunciaron una “escalada masiva de la presencia de las fuerzas de seguridad”, que –según afirman en una carta abierta– reproduce precisamente el tipo de violencia estatal que muchas comunidades sufren en sus territorios cuando defienden sus bosques y ríos.

“Cada día, más y más policías militares están presentes en el lugar de la COP30. Esta intimidación, en respuesta a las protestas indígenas de la semana pasada, es inaceptable y debe cesar. Nadie que defienda derechos humanos, clima y medio ambiente debería temer a la represión”, advirtió la organización de desarrollo Südwind Austria. Activistas reportan agentes armados patrullando no solo el recinto de la conferencia –incluso en baños y zonas de descanso–, sino también distintos puntos de la ciudad de Belém.

El hotel donde se aloja la delegación austriaca, incluido el ministro de Medio Ambiente Norbert Totschnig (ÖVP), está vigilado por la policía militar durante la noche. También se informó de hombres armados en áreas de selva tropical de un parque nacional cercano, mientras que, paradójicamente, después de años de restricciones severas en cumbres celebradas en países autoritarios como Egipto, Dubái o Azerbaiyán, en Belém se permiten manifestaciones ruidosas y multitudinarias dentro y fuera del recinto oficial.

En el plano político, sin embargo, los avances siguen siendo limitados. Hasta el viernes, las delegaciones de casi 200 países continúan negociando sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático y financiación climática para los países más vulnerables.

Las expectativas, reconoce el propio Totschnig, “lamentablemente no son demasiado altas”. Mientras la seguridad se refuerza y las calles se llenan de consignas ambientales e indígenas, la gran incógnita de la COP30 es si el ruido de las protestas y la presión de la sociedad civil lograrán traducirse en compromisos concretos, o si el clima político seguirá tan inmóvil como la selva que dicen proteger en los discursos.